La desaparición de esta persona se habría dado este lunes en una estancia ubicada en la zona ente Tacuatí y Nueva Germania, departamento de San Pedro.

Hacia la zona mencionada ya se desplazan en estos momentos agentes de antisecuestros de la Policía Nacional y los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Según los datos preliminares, la persona desaparecida sería el administrador de una estancia, quien se desplazaba en una motocicleta. Aparentemente fue interceptado por una camioneta, en la cual iban unos hombres armados.

Coincidentemente la posible desaparición de esta persona se da en el mismo día en que fue detenido un presunto miembro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El fiscal Gabriel Segovia Villasanti solicitó la rebeldía de Vladimir Ramón Riveros Cattebeke (60), quien está imputado por robo agravado y se encuentra prófugo de la Justicia.

Riveros Cattebeke, bajo engaño, citó a Juan Antonio Arrúa Servián, oficial de justicia, en su domicilio y luego a punta de arma de fuego le despojó supuestamente de un pagaré por valor de 23.230 dólares y un recibo por el mismo monto. Además, lo amenazó de muerte si no abandonaba inmediatamente el lugar.

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Según la investigación, el hecho ocurrió el 8 de abril pasado, oportunidad en que el imputado llamó supuestamente por teléfono a Arrúa Servián, manifestándole su intención de abonar la deuda reclamada en un juicio ejecutivo. En el momento, Cattebeke le solicitó al oficial que le llevara los pagarés originales a su domicilio para poder realizar el pago.

En efecto, Arrúa Servián se comunicó con el abogado demandante, Roberto Navarro, para coordinar la entrega de los pagarés. Éste le confirmó que tenía los documentos en su poder y que lo acompañaría a la residencia del demandado para el cobro correspondiente.

Al llegar a la residencia del sospechoso, la víctima fue recibida por una mujer que se identificó como la esposa del deudor y lo invitó a pasar a la oficina. Una vez dentro, el dueño de la casa le pidió los pagarés y el recibo de pago correspondiente. Luego, al tener en su poder los documentos, presuntamente sacó un arma de fuego y lo amenazó de muerte, advirtiéndole que tenía “cinco segundos para volar de su casa, si no quería que lo llenara de plomo”.

Juan Antonio, muy asustado y temiendo por su vida, salió corriendo de la vivienda, pero en el apuro se le cayeron otros recibos de pago y facturas legales que tenía consigo. Cattebeke le gritó que no dejara nada en su casa.

La víctima logró subir al vehículo del abogado Navarro y de allí se dirigieron directamente a la comisaría para radicar la denuncia correspondiente. Intervino en el caso el fiscal Gabriel Segovia, quien luego de reunir los elementos incriminatorios presentó la imputación contra Vladimir Ramón Riveros Cattebeke y requirió al Juzgado que declare su rebeldía.

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Un joven adicto a las drogas apuñaló a su vecino tras una discusión que se inició cuando le reclamó el pago de una deuda de G. 10 mil. El herido fue trasladado al Hospital Regional, donde quedó internado.

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Según los datos, la discusión inició cuando Alan Matías González Giménez, de 25 años, se acercó a un conocido consumidor de drogas de la zona, conocido como “Braian’i”, para reclamar el pago del monto mencionado que le debía desde hacía algunos días.

La discusión subió de tono rápidamente y Braian’i, enfurecido por la insistencia de pago de Alan, sacó un cuchillo y se abalanzó sobre su vecino, quien intentó defenderse, pero durante el forcejeo fue apuñalado en la cintura.

Los vecinos que presenciaron el hecho llamaron, al sistema 911. Al lugar llegaron agentes de la subcomisaria 2ª, quienes trasladaron al herido al pabellón de emergencias médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este, donde quedo internado bajo observación.

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En septiembre del año pasado, el actual Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía sobre actividades sospechosas en el creciente negocio de picantes que operaba en la penitenciaría de Emboscada.

“Al no tener la certeza del origen del capital invertido pusimos a conocimiento de la Fiscalía para que puedan hacer su análisis y ver si pudiera constituir un hecho punible y tener mérito para ser investigado”, explicó el actual viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, en un contacto con la emisora 730 AM.

Al inicio de esta administración se hizo un relevamiento de datos de las penitenciarías y llamó la atención la fábrica montada en Emboscada, por no tener claro el origen de capital invertido y las personas involucradas.

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No se tienen facturas de las máquinas ni el precio que costaron. Sí existen nombres de algunas personas que realizaron las diligencias para los permisos de habilitación municipal, trámites ante Inan, pero no los documentos de la adquisición de los equipos utilizados para la fabricación e ingresados entre marzo y abril del año pasado.

“Están los papeles que mencionan a las autoridades que permitieron el ingreso de las máquinas. Son de la administración anterior. Actualmente no se encuentran en el Ministerio de Justicia”, comentó el viceministro.

La administración de Mario Abdo Benítez permitió la apertura de la fábrica.

Marcelo Lee, nacido en Corea y nacionalizado paraguayo se encuentra procesado por tenencia y comercialización de estupefacientes y está recluido hace dos años.

Según informaba el Ministerio de Justicia, antes de que el caso tome estado público, Lee logró aglutinar a agricultores de la zona que se pusieron a cultivar el producto con semillas de alta calidad que él les provee, para asegurar la excelencia del producto.

La salsa picante “Prisioneros del Sabor”, una mezcla de pasta de ají seleccionada, manzana, ajo, jengibre y cebolla es una receta oriental que Lee convirtió en “negocio”, en homenaje a lo que su madre ponía en la mesa.